aprovechando que los golpistas catalanes estaban necesitados, el Gobierno rebajó las penas por malversación para que políticos y funcionarios pudieran malversar fondos públicos sin apenas consecuencias
Si emulamos a Leguina y nos preguntamos cómo está España después de que Mariano Rajoy fuese desalojado de la Moncloa por Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura que presentó contra él en 2018, mi respuesta es que a España le ha ido peor y algo tendrá que ver en ello el gobierno de coalición social comunista que preside Sánchez Castejón.
Hoy en España hay más inseguridad, más intolerancia, menos democracia, menos libertad. Menos instituciones independientes del control político, menos transparencia y control de cuentas, más impunidad para quienes atentan contra la integridad del Estado o malversan fondos públicos, y menos penas para violadores y otros delincuentes sexuales.
ahora es él [Pedro Sánchez] quien, cuando está a punto de agotar la legislatura, se ve envuelto en un nuevo y grave caso de corrupción -caso Mediador- que implica a muchos e importantes cargos políticos socialistas
También hay más riesgo de pobreza. En 2018, 9.950.000 de personas sufrían riesgo de pobreza en España, mientras que en 2021 el riesgo aumentó hasta 13,1 millones. Y más deuda pública: en 2018 la deuda ascendía a 1.208.861 millones de euros y en diciembre de 2022 la cifra llegó a los 1.502.504,7 millones. Y más desempleo: en 2018 el paro alcanzaba los 3,3 millones de personas mientras que en enero de 2023 el número total de parados se situaba en 2.908.397 personas. Aparentemente, la situación ha mejorado; sin embargo, si tenemos en cuenta que, tras la reforma laboral de 2022, los empleados temporales (más de 500.000 personas) ahora son fijos discontinuos y no se contabilizan como desempleados, la mejora es inexistente. Y mayor tasa de paro juvenil: la tasa de paro juvenil registra el desempleo que afecta a personas entre 16 y 24 años, ambos inclusive. La tasa de paro juvenil es menor en diciembre de 2022 (29,6%) que en el mismo mes de 2018 (33,5%). Sin embargo, la tasa correspondiente al año 2022 está distorsionada por la reforma laboral de 2022 pues los jóvenes con contratos fijos discontinuos no se contabilizan como desempleados.
Y también hay más corrupción. Eso sí, corrupción de la buena, corrupción socialista, de izquierdas, aunque no creo que haya sorprendido a nadie conociendo la gigantesca mochila que arrastra el PSOE, repleta de casos en Cataluña, Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, Valencia o Canarias.
alguien, un Tito Berni cualquiera, le habrá recordado a Sánchez la situación en que se encuentra Griñán, expresidente de Andalucía y del PSOE, tantos años después de abandonar la política
Será el karma o la justicia poética, no lo sé. Pero el hecho cierto es que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a través de una moción de censura justificada por la sentencia del caso Gürtel que vinculaba al PP con graves casos de corrupción (posteriormente se demostró una manipulación en la redacción de la sentencia) y ahora es él quien, cuando está a punto de agotar la legislatura, se ve envuelto en un nuevo y grave caso de corrupción -caso Mediador- que implica a muchos e importantes cargos políticos socialistas. Según se desprende de las declaraciones del intermediario, Antonio Navarro, el caso se multiplica y extiende desde Canarias hasta el Consejo de Ministros.
Cuentan las malas lenguas, que antes de iniciar las negociaciones con ERC para derogar el delito de Sedición, desde el Comité de Expertos en trapos sucios (me aseguran que existe) hicieron llegar al Presidente la necesidad de reformar también la malversación por si, llegado el caso, el control de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial no fuese suficiente barrera para evitar males mayores.
También, que alguien, un Tito Berni cualquiera, le habrá recordado a Sánchez la situación en que se encuentra Griñán, expresidente de Andalucía y del PSOE, tantos años después de abandonar la política. Así que, aprovechando que los golpistas catalanes estaban necesitados, el Gobierno rebajó las penas por malversación para que políticos y funcionarios pudieran malversar fondos públicos sin apenas consecuencias. Mataban así dos pájaros de un tiro: se garantizaban el apoyo parlamentario del independentismo y se protegían la cartera, digo la espalda. En qué andaría pensando yo.
Jose Simon Gracia